Con los ojos destapados
- Facu Acuña
- 18 sept 2016
- 3 Min. de lectura
Hace pocos días se realizó el encuentro que mediáticamente se conoció como “Mini Davos”. Allí los integrantes del Gabinete nacional y otros funcionarios se reunieron para convencer a empresarios para que realicen la tan prometida “lluvia de inversiones”. Pero el motivo de estas líneas no tiene que ver con ecuaciones y análisis económicos, sino de algo que fue una frase recurrente durante los días del foro. Quizás, esas palabras resuenen más la boca del propio Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. El magistrado en una charla sobre transparencia con Gabriela Michetti, aseguró “en Argentina hay Seguridad Jurídica”. Y lo escribo con mayúscula porque creo que es un concepto sobre el que tenemos que pensar mucho.
Rápidamente si nos detenemos un poco en el concepto de manera sencilla la reflexión desembocaría en “respetos a las leyes, previsibilidad, con magistrados que sean respetuosos de las normativas”, si lo pensáramos en un lenguaje simple. Y en este punto es cuando me asaltaron una serie de dudas que, me parece, es interesante pensar. Lo primero es ver que uno de los máximos responsables del Poder Judicial asiste a los empresarios para asegurarle tal cosa. Pero cuándo vimos a un ministro cortesano en una asamblea de trabajadores que reclamos por las leyes laborales que los amparan, o reuniéndose con una asamblea que reclama en contra de la minería a cielo abierto porque destruye su hábitat de vida.
Pero también cabe preguntarse qué Seguridad Jurídica tiene Milagro Sala. Un comunicado del CELS del mes de enero concluye sobre la situación que “criminalizar las prácticas relacionadas con el ejercicio del derecho a la protesta conduce a una restricción de las libertades democráticas y a una aplicación ilegítima del derecho penal”. Desde su detención, no existieron palabras de los miembros del máximo tribunal sobre el tema.
La ley 26.485 de “protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” fue promulgada en primero de abril de 2009. Allí en el artículo segundo se consagra el “derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia”. Basta con ver las cifras de los casos de violencia machista y su evolución para ver que la Seguridad Jurídica para ellas no forma parte de las prioridades de la “Justicia”. Basta con analizar solo un caso: Karina Abregú. Víctima de violencia doméstica, ella realizó 15 denuncias antes que su ex marido la intente prender fuego. Luego de salvar su vida de milagro, las perimetrales no se cumplían y así el femicida seguía atentando contra su vida. Fue después de batallar varios años para que un tribunal lo condene, aunque llegó al proceso en libertad.
El quinto artículo de la misma ley define a la violencia simbólica como “la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”. Sin embargo, todas las noches se emite lo que José Pablo Feinmann denomina “la culocracia de Tinelli”, en horario central de la televisión. Así pareciera que la Seguridad Jurídica para las víctimas de violencia de género no es tan importante.
Un sector postergado históricamente para la comunicación fueron las radios comunitarias. Desde siempre, por todos los Gobiernos, fueron puestos en el vagón de cola. A la espera de todo lo que pasara con el resto de los medios, en este caso los empresarios. Uno de las políticas más innovadoras para el sector llegó con el llamado Fondo de Fomento Concursable. Estas políticas fueron puestas en marcha por la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación audiovisual, artículo 97, inciso “f”. Sin embargo, a pesar de ser políticas afirmadas por ley es una política que fue interrumpida por el Gobierno. Incluso, este segmento de la norma no fue modificado por el Ejecutivo en los controversiales decretos de necesidad y urgencia emitidos por el nuevo Presidente. Poco se avanzó con la reserva para los medios sin fines de lucro en las zonas de conflicto, en el horizonte no aparecen novedades de que exista la decisión de cumplir con este derecho.
Lo que parece evidente con apenas unos ejemplos es que la Seguridad Jurídica parece solo asegurada para unos pocos. Esto, me parece, que es un ejemplo más para que comencemos a identificar al Poder Judicial como otro poder político. La propia construcción que los jueces hicieron a lo largo de la historia sobre su labor fue que se vea como algo separado de la acción política. Y acá no hablamos de los textos de las normativas, sino de la forma de interpretarlas, aplicarlas y priorizarlas. Cuando se habla de la necesidad de democratizar al Poder Judicial también se debería incluir sobre la mesa algo fundamental: que la Seguridad Jurídica también incluya a las demandas populares que están aseguradas por ley.
